El gobierno se querelló en contra de quienes resulten responsables por los delitos de interrupción de servicio eléctrico y detonación de explosivos en instalaciones de distribución eléctrica. Pese a que la Delegada Presidencial del Biobío reconoció que podría tratarse de un acto terrorista. El atentado dejó a más de 22 mil clientes sin electricidad durante una hora.
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