La normativa busca saldar una deuda con generadoras y distribuidoras cercana a los 900 millones de dólares, heredados tras el congelamiento tarifario de 2020. Para evitar cobros inmediatos y alzas de hasta un 50% en sectores rurales, la ley posterga y suaviza el mecanismo de pago.
La normativa busca saldar una deuda con generadoras y distribuidoras cercana a los 900 millones de dólares, heredados tras el congelamiento tarifario de 2020. Para evitar cobros inmediatos y alzas de hasta un 50% en sectores rurales, la ley posterga y suaviza el mecanismo de pago.